Concesiones públicas carácter administrativo y características privado
Las tarifas son un tema sensible, regulado para proteger al usuario. Las concesiones administrativas se basan en el interés público, aunque con gestión privada.
La opacidad puede generar desconfianza y cuestionar la legitimidad de la concesión. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos los interesados. La gestión privada aporta dinamismo y eficiencia a los servicios públicos. Los indicadores de calidad deben ser medibles y verificables.
Esta colaboración público-privada puede generar importantes beneficios sociales. El Estado transfiere la explotación, manteniendo la titularidad y el control. Requieren un estricto control por parte de la administración concedente. La infraestructura, al finalizar la concesión, revierte a la administración pública.
La concesión permite descentralizar la gestión de servicios públicos. Este modelo busca eficiencia y especialización en la gestión pública. Un reto importante es la correcta definición del objeto de la concesión. Ésta puede modificar el contrato por razones de interés público. La rentabilidad para el concesionario debe ser razonable y proporcional al riesgo asumido.
El concesionario invierte capital privado para la mejora o creación del servicio. Se debe especificar claramente el alcance del servicio a prestar. Las entidades locales pueden delegar la prestación a empresas especializadas. Existen mecanismos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos.
La información relevante debe ser accesible al público. Las revisiones tarifarias deben estar justificadas y transparentes. El modelo de concesión bien implementado beneficia a la sociedad. Sin embargo, la vigilancia y control son cruciales para evitar abusos. Se busca un equilibrio entre la rentabilidad del concesionario y el acceso asequible.